España/Sociología

Abortar en España: un debate sin cerrar

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La retirada del proyecto de ley contra el aborto, decidida  por el Presidente de Gobierno Mariano Rajoy en septiembre de 2014, se produjo por una “falta de consenso” para sacarlo adelante, según explicó el mandatario. Aunque la mayoría de los miembros del Ejecutivo y sobre todo del Partido Popular estuvo en contra de este anteproyecto, el freno a la denominada ley Gallardón no cerró por tanto el debate entre las instancias gubernamentales y religiosas. Durante en el 2014, España fue la sede de innumerables discusiones sobre el aborto, como ocurrió en 1985.

Lo que establecían las leyes de 1985 y de 2010

La ley de 1985, que se mantuvo intacta hasta 2010, despenalizaba el aborto bajo tres condiciones y en dos tiempos: era legal hasta las 14 semanas de gestación si había violación, hasta las 22 si había malformación del feto, y en caso de grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer no establecía límites.

La ley de 2010 convirtió el aborto en un derecho de la mujer. Aquel texto legal facilitaba la decisión de las embarazadas durante las primeras semanas, pero se las complicaba llegando a  22 semanas, cuando solo una circunstancia extrema relacionada con el feto podía justificar la interrupción de la gestación.

En realidad, la ley de 2010 producía una norma de plazos o aborto libre hasta las primeras 14 semanas del embarazo y, una vez terminado este lapso, se convertía en una ley de supuestos: solo permitía la interrupción del embarazo en dos supuestos y a cada uno le daba un tiempo. Fuera de esos motivos y de esos límites temporales, el aborto era un delito.

 Un proyecto con condiciones estrictas

El proyecto planteado por el antiguo Ministro de la Justicia Alberto-Ruiz-Gallardón (también exmiembro de Alianza Popular) y aprobado el 20 de diciembre de 2013, tenía como objetivo modificar la ley socialista de 2010. Este texto proclamaba que las mujeres que querían interrumpir su embarazo debían reflexionar al menos durante siete días antes de dar su consentimiento: si la mujer se encontraba en una situación de grave peligro, debía reunir dos informes médicos que acreditaran el daño que supondría seguir con la gestación. Luego se le comunicaría las consecuencias médicas de la intervención, y el médico encargado certificaría con su firma la notificación de estos datos. Por último, la mujer estaría informada  por los servicios sociales sobre las ayudas a la maternidad. Todas estas etapas conforman un periodo mínimo de siete días antes de proceder al aborto.

Asimismo, la propuesta constituía condiciones claras con respecto al tema abordado y representaba una profunda modificación a la ley socialista de 2010. El aborto desaparece como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y vuelve al Código Penal con dos excepciones: si el embarazo es producto de una violación o si supone un “grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer”. En este proyecto cualquier anomalía fetal no eran condiciones que permitieran el aborto. Para los embarazos que fueran fruto de una violación, el límite sería de 12 semanas de gestación y si hubiera un grave peligro para la salud de la mujer (excluyendo anomalías fetales) el límite sería de 22 semanas.

Pero finalmente, este proyecto no consiguió llegar al Parlamento y ocasionó la dimisión de Alberto-Ruiz-Gallardón en septiembre. Retirar el proyecto era una decisión delicada para el presidente Mariano Rajoy para, de acuerdo a su alocución, mantener los derechos de la mujer. No hubo suficientes voces a favor de la ley Gallardón, el proyecto fue muy criticado por una parte del PP, que lo vio como un obstáculo para el próximo año electoral. En todo caso, el Presidente anunció que el Ejecutivo reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Protección de la Familia.

La población española mayoritariamente a favor del derecho al aborto

Las manifestaciones en reacción al proyecto antes de su retirada fueron masivas. Si nos acordamos del 1 de febrero de 2014, decenas de miles de personas marcharon en Madrid en contra de la ley del aborto de Gallardón. La manifestación era una iniciativa de la Tertulia Feminista Les Comades y Mujeres por la Igualdad de Barredos en Pola de Laviana (Asturias), pero se convirtió en un clamor nacional. Un real tren de la libertad cuyo eslogan principal fue “Yo decido”. Un documental de 45 minutos realizado sobre esa manifestación, muestra la amplitud del evento y la diversidad de las personas que alzaron sus voces para reivindicar el derecho de la mujer. No es tan evidente entonces categorizar las personas que están a favor o en contra. Aunque la realidad española está muy marcada por su historia dictatorial y su pertenencia religiosa, se observa un real deseo de avanzar como hicieron otros países de Europa. Puede parecer paradójico que también católicos acepten el derecho al aborto, o al menos una parte de ellos lo reconozca (ver el artículo “Los católicos españoles, a favor de las bodas gais y el aborto”). La relación de España con la Iglesia se ha modificado estos últimos años. Los escándalos de sacerdotes pedófilos provocan un determinado recelo en la población y en consecuencia una pérdida de fondos económicos para las instituciones religiosas. Esto se puede explicar pensando en el apoyo que buscaba el ministro Gallardón (ver el artículo “Gallardón busca el apoyo de la extrema derecha”).

Una parte bastante importante de la población española mostró sin embargo su descontento cuando la ley fue retirada. El 28 de septiembre tuvo lugar una concentración contra el aborto en Madrid para que el gobierno retomase la ley Gallardón, cuyos manifestantes desfilaron con pancartas en las cuales podíamos leer entre otras cosas: “Cada vida importa” y con palabras explícitas “exigir la inmediata derogación de toda ley que ampare el aborto bajo cualquiera de sus formas”.

No se puede simplemente encasillar a quienes están a favor o en contra: las feministas versus los católicos, porque no son dos “categorías” de personas incompatibles. Las fronteras no son tan estrictas como pensamos y resulta importante recordarlo para vulgarizar el debate. Ambas posiciones parecen privilegiar el bienestar del niño, aunque a partir de presupuestos particulares. Por un lado, se pone de relieve el derecho del niño a vivir y por el otro lado el derecho del niño a vivir en una familia que lo desee. Este segundo argumento implica que la mujer pueda decidir sola el futuro del feto: lo que reivindica es el derecho de la embarazada a tomar la decisión con respeto a su propio cuerpo. Sin embargo, ¿quién acaba tomando las decisiones que involucran a toda una sociedad? Hombres políticos que nunca han experimentado la toma de anticonceptivos y que no dan a luz a los niños.

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